El día 30 de noviembre último la empresa petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy inició sus trabajos de prospección sísmica en el área del lote 135, en Perú, frontera con Brasil, región con fuertes indicios de presencia de pueblos indígenas aislados. Con un área de 1.020.390,628 ha, que fue concedida por el gobierno peruano el 21 de noviembre de 2007 a esta empresa, (Mapa de la frontera Brasil-Peru) el lote 135 se superpone en casi su totalidad con la propuesta de Reserva Indígena
Yavarí, Tapiche, Yaquerana, Chobayacu y Afluentes”. La propuesta, que tiene un área de1.185.74,62 has, fue presentada al gobierno del Perú en el 2003 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para la protección de los pueblos indígenas aislados que viven allí; no obstante, nunca hubo respuesta oficial a esta solicitud.
Hombres de la empresa Pacific Stratus actuando en el área. Foto: Hilton Nascimento.
En el área donde Pacific Rubiales ha iniciado los trabajos de prospección sísmica existen fuertes y contundentes evidencias de la presencia de pueblos indígenas en aislamiento, inclusive se han registrado avistamientos tal como viene siendo afirmado constantemente por indígenas del pueblo Matsés (Mayuruna) que viven próximos a los límites de esta propuesta de Reserva Indígena (lea el Pronunciamiento Matsés). Bosque adentro, en el lado brasileño del río Yaquerana, a menos de 30Km de la frontera con Perú, la FUNAI cuenta con la referencia oficial número 28 sobre presencia de indígenas aislados, actualmente en estudio. Todas las informaciones disponibles indican que por lo menos un grupo de indígenas aislados cruza la frontera Brasil-Perú constantemente, utilizando el territorio de ambos países.
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De acuerdo con el propio “Mapa de helipuertos, campamentos volantes y programa sísmico – Lote 135”, producido por la empresa Pacific Rubiales, 789 km de líneas sísmicas van a cuadricular completamente el territorio utilizado por estos indígenas aislados, se abrirán claros para la construcción de 134 helipuertos con un área de 60 x 40 m (2400m2) cada uno, un número de trabajadores que podrá llegar a más de 500 personas circulará por el área a lo largo de 6 meses. Este es un claro acto de violación de los derechos de los pueblos indígenas aislados, en el que se les expondrá a una serie de riesgos, como: contagio de enfermedades, impactos sobre sus territorios y sobre los recursos alimenticios, así como la expulsión de estos grupos de sus territorios tradicionales.
Esta agresiva política de exploración de recursos hidrocarburíferos en la Amazonía peruana, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, se inició en la gestión anterior del gobierno del Perú, la del entonces presidente Alan García (2006-2011), atendiendo la presión generada por la demanda mundial de nuevas reservas de petróleo y gas. Grandes extensiones de la Amazonía peruana fueron entregadas mediante el sistema de concesión de exploración y explotación para empresas petroleras, alcanzando un área de más del 70% de la superficie total del territorio de la Amazonía de ese país. Este mismo gobierno rechazó la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en el territorio, tal como se puede constatar en la siguiente declaración de García, difundida en el momento en el diario de mayor circulación del Perú:
“… contra el petróleo crearon la figura del nativo salvaje “no contactado”, que quiere decir, desconocido pero presumible, por los cuales millones de hectáreas no deben ser explotadas y el petróleo peruano debe quedar debajo de la tierra, mientras se paga en el mundo US$90 dólares por cada barril”.
Alan García (ex presidente del Perú) en una entrevista al diario peruano El Comercio, el día 28 de octubre de 2007.
La región en cuestión tiene antecedentes de violencia contra los pueblos indígenas aislados promovida por la industria petrolera. En la década de 1980, la empresa brasileña Petrobras realizó operaciones de prospección sísmica en el lado brasileño de la frontera, en territorios de pueblos indígenas, generando conflictos y muertes tanto de indígenas aislados como de funcionarios de la propia Petrobras y de FUNAI. Treinta años después la historia se repite, sin que las autoridades peruanas ni brasileñas se preocupen por la suerte de los pueblos indígenas aislados que viven en esta región fronteriza.
Desde 2007 CTI viene promoviendo una articulación para la protección territorial y defensa de los derechos de los pueblos indígenas aislados de la región de frontera entre Brasil y el Perú, buscando una actuación coordinada de los diferentes actores involucrados en esta temática – incluyendo órganos indigenistas oficiales y organizaciones indígenas, indigenistas y ambientalistas. En este sentido, actualmente CTI cuenta con un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), principal organización indígena de la región amazónica del Perú. Paralelamente, desde 2009 CTI viene apoyando el movimiento de articulación binacional del pueblo Matsés, conducido por la Comunidad Nativa Matsés, en Perú, y por la Organización General Mayuruna (OGM), en Brasil. Este movimiento surgió como una respuesta del pueblo Matsés a la concesión de lotes para la explotación de petróleo y gas en sus territorios, en la cuenca del río Yaquenara, así como en territorios vecinos de pueblos indígenas aislados.
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